El Gobierno de Aragón sacará en la próxima convocatoria de oferta de empleo público para profesores de Primaria -prevista para 2011- plazas de profesor de catalán y aragonés. Hasta ahora, estos maestros no necesitaban superar una oposición para poder optar a un puesto de trabajo en la Comunidad aragonesa. Simplemente había que acreditar una serie de requisitos e inmediatamente se incluían en una bolsa de trabajo desde la que se asignaba un destino, que solía incluir varios centros escolares. A partir del curso 2011/2012 tendrán que superar la oposición para conseguir el empleo. Es una de las novedades de la aplicación de la ley de lenguas, aprobada el pasado 17 de diciembre y que está pendiente de su publicación.
Actualmente, hay 42 profesores de lengua catalana y cuatro de aragonés (dos a tiempo completo y dos a media jornada). Y este será posiblemente el número de plazas que oferte el Gobierno de Aragón en 2011, aunque dependerá de la demanda que haya. Además, tanto el aragonés como el catalán pasarán a integrarse en el horario oficial escolar, es decir, formarán parte del currículo aragonés en las zonas de utilización de cada lengua. En este sentido, el Ejecutivo autonómico fomentará la edición de materiales didácticos para incorporar en la enseñanza de estas lenguas. En el ámbito universitario, la ley prevé la creación de las especialidades de Filología catalana y aragonesa.
Pero habrá más desarrollos de esta ley, que todavía no se han cuantificado. De hecho, la norma se aprobó sin una memoria económica que concretase el coste real de su aplicación. Y ni siquiera se han incluido partidas presupuestarias específicas para el próximo año, pese a que 2010 será fundamental para impulsar los principales órganos que articulan la ley. Esto es, el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y las academias del aragonés y el catalán.
Según explicó el viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez, el calendario de desarrollo lo marcará la publicación de la normativa en el Boletín Oficial de Aragón. Una vez cumplido este trámite, el primer consejo de gobierno que se celebre aprobará el departamento que asume el desarrollo (Educación y Cultura o Presidencia). Después, se enviarán sendas órdenes a los departamentos afectados para que hagan sus previsiones de tiempo y dinero con cargo a partidas genéricas; a las Cortes y al Justicia para que empiecen a tramitar la posibilidad de dirigirse a a ambas en las lenguas propias; y a la Universidad y a las Cortes para que designen a cinco miembros cada una para el Consejo Superior de las Lenguas. Los otros cinco integrantes los nombra la DGA.
No en vano, este órgano consultivo -integrado por expertos- es la piedra angular para iniciar todo el desarrollo de la ley. Debe constituirse en el plazo de tres meses desde que la norma entre en vigor y es el que debe emitir un informe previo a la declaración de las zonas de utilización de las lenguas propias (catalán y aragonés) por parte del Ejecutivo autonómico. A partir de este mapa de uso del catalán y el aragonés, se irá aplicando la ley. Para ello, también se constituirá un órgano administrativo en el plazo de seis meses que se encargue del desarrollo de la norma y el seguimiento de las enseñanzas de las lenguas. Este órgano también será el encargado de las relaciones con las distintas administraciones afectadas.
No en vano, entre otras cuestiones, las administraciones públicas deberán poner a disposición de la población formularios en las tres lenguas y modificar si fuera necesario las rotulaciones de los municipios para adaptarlos a la lengua propia. Para ello, Vázquez anunció un plan de apoyo para los ayuntamientos implicados.
Las academias lingüísticas tienen que tener aprobados sus estatutos en un plazo de ocho meses. [….]