Puede el Tribunal Constitucional español rechazar un texto aprobado por unamayoría clara de ciudadanos catalanes? ¿Puede hacerlo en el supuesto de que no se ajuste a determinadas interpretaciones de la Constitución? Esta es la principal pregunta que planea sobre el dictamen que el Alto Tribunal debe efectuar del Estatuto catalán, a instancias del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. Y la respuesta en el ámbito internacional –y concretamente la que ofrece un país como Canadá, que vive un conflicto interno con sus minorías territoriales– refleja la búsqueda de soluciones que intentan salvaguardar todas las legitimidades y muy especialmente la que se desprende de la voluntad de los ciudadanos en las urnas. El ejemplo más claro es el dictamen del Tribunal Supremo del Canadá sobre la secesión de Quebec, de agosto de 1998. Un tema que cobra especial actualidad en el contexto de consultas soberanistas que se han celebrado recientemente en Catalunya [….]