carta enviada
El president
de la Generalitat de Catalunya
Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey
Presidente
Gobierno de España
Palacio de la Moncloa
28071 Madrid
Apreciado Presidente:
Es conocida la voluntad de autogobierno del pueblo catalán, reiteradamente ejercida o reclamada a lo largo de los siglos. En el último periodo democrático, iniciado a finales del siglo pasado, dicha voluntad de autogobierne fue canalizada inicialmente a través del Estatuto de Autonomía de 1979.
El Parlamento catalán aprobó en 2005 una nueva propuesta de Estatuto de Autonomía, que fue posteriormente asumida en 2006 primero por las Cortes Generales y finalmente en referéndum por el pueblo de Catalunya. Mi implicación personal, aún sin responsabilidades de gobierno en ese momento, para facilitar un nuevo encaje de Catalunya en España, durante toda la negociación, es de sobras conocida.
La sentencia posterior del Tribunal Constitucional diluyó y en gran parte anuló la voluntad democrática de los catalanes expresada en las urnas, y evidenció la imposibilidad de continuar desarrollando la capacidad de autogobierne de Catalunya por la vía transitada hasta ese momento.
Más recientemente, durante la pasada legislatura, la negativa a cualquier tipo de negociación en referencia a la propuesta de Pacto Fiscal, promovida por el Govern de la Generalitat y aprobada por una muy amplia mayoría del Parlament de Catalunya, evidenció, una vez más, la incapacidad de dar respuesta por parte de las instituciones del Estado a las propuestas presentadas desde Catalunya.
Esta situación de bloqueo y la manifestación más numerosa de la historia llevada a cabo en Catalunya el pasado 11 de septiembre, me llevaron a la conclusión de la convocatoria de elecciones anticipadas para que el pueblo de Catalunya decidiera libremente y democráticamente su futuro político.
Las últ ’11as elecciones al Parlament de Catalunya dieron como resultado un amplio apoyo pbpular, con una muy elevada participación, la más elevada de la historia en este tipo de elecciones, a aquellas distintas fuerzas políticas que presentaban en su programa electoral la necesidad de ejercer el derecho a decidir.
El Parlament de Catalunya ha manifestado en diversas ocasiones durante la presente legislatura, y a través de mayorías cualificadas, el apoyo al derecho a decidir de los catalanes, y ha establecido el mandato del diálogo y la negociación con el Gobierno de España con el fin de llevarlo a cabo mediante una consulta democrática. La reciente constitución del Pacte Nacional pel Dret a Decidir evidenció, asimismo, el amplio apoyo del que también goza este planteamiento entre instituciones, agentes económicos y sociales, y sociedad civil en toda Catalunya.
El Consejo Asesor para la Transición Nacional, organismo del que se ha dotado el Gobierno de la Generalitat y del que forman parte destacadas personalidades, argumenta en su primer informe la existencia de vías legales que posibilitan llevar a cabo la consulta. En la medida que se trata de un informe que juzgo de alta calidad y de contenido muy interesante, creo oportuno hacérselo llegar dentro de unos pocos días.
Es por todo lo expuesto que entiendo que se dan las condiciones favorables para plantear la celebración de una consulta en Catalunya: amplio apoyo ciudadano y parlamentario, voluntad de diálogo y negociación y existencia de vías legales para llevarla a cabo.
Entiendo que cuando se dan todas estas circunstancias, fruto seguramente de toda la trayectoria histórica que le describía al principio de este escrito, es deber de los responsables públicos y gubernamentales forjar la voluntad política que permita dar respuesta a la legítima, pacífica, democrática y mayoritaria aspiración de la sociedad, en nuestro caso, la catalana.
En nuestro último encuentro le planteé la necesidad de una respuesta política a la demanda de democracia del pueblo de Catalunya. Hoy se la reitero por escrito, con el mismo espíritu de diálogo y negociación de nuestro último encuentro.
Soy consciente de su posición contraria a la celebración de la consulta, tal como me la manifestó en aquel encuentro. Sin embargo, entiendo que de la misma forma que otros países -también de la UE- encuentran vías para solucionar democráticamente y legalmente este tipo de retos y de realidades, España no debería ser la excepción en sentido contrario.
En consecuencia, le planteo nuevamente la necesidad de abordar el diálogo y la negociación, que permitan de forma pactada la celebración de una consulta al pueblo catalán, en el plazo más breve posible, con los marcos legales que establezcamos.
Cordialmente,